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El alcalde y el Concejo Municipal de Tucson aprobaron ayer, 30 de junio, una política que requiere que se divulguen al menos algunos detalles de inmediato cuando una persona muere bajo la custodia del Departamento de Policía de Tucson( TPD).
La medida se produce después de que los detalles de la muerte de Carlos Ingram-Lopez no se divulgaron públicamente durante más de dos meses después de que el joven de 27 años murió de “paro cardíaco repentino en el contexto de intoxicación aguda por cocaína y restricción física” mientras estaba en Custodia de TPD el 21 de abril.
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La nueva política requiere la “notificación inmediata” de las muertes bajo custodia tanto a la comunidad como al alcalde y al Consejo, incluso si la información puede ser preliminar.
La medida es similar a las notificaciones proporcionadas por tiroteos que involucran a agentes de policía. Los miembros del consejo también aprobaron el marco inicial establecido por la alcaldesa Regina Romero para una serie de recomendaciones de políticas, incluida la búsqueda de aportes del público para un programa piloto de seguridad comunitaria.
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